El cierre del Centro Penal de San Pedro Sula, el traslado de más de 4,500 reos a cárceles de máxima seguridad, la instalación de cámaras de seguridad y los constantes operativos policiales y militares fueron las medidas que ayudaron en gran manera en la reducción de la tasa de homicidios en las principales ciudades del país, que bajó a 42 muertes por cada 100,000 habitantes, con lo que se obtuvo una reducción de 17 puntos en comparación al año 2016.
A esto hay que sumarle el cierre del Centro Penal de Santa Bárbara, las constantes saturaciones por parte de miembros de las Fuerzas Armadas, en especial la Policía Militar, y de la Policía Nacional, en los barrios y colonias de las grandes ciudades, y en comunidades donde se detectó la presencia de grupos ligados al crimen organizado, donde los operativos fueron una constante durante el pasado 2017.
Otro de los puntos de la estrategia de Seguridad para la reducción de homicidios fue que más de 4,500 privados de libertad fueron removidos de los viejos centros penales y trasladados a otras cárceles, entre estas las de máxima seguridad, conocidas como El Pozo 1 y El Pozo 2, como también al adjunto de máxima seguridad construido contiguo a la Penitenciaría Nacional de Támara (Francisco Morazán), donde está recluido un buen número de cabecillas de las maras y pandillas más peligrosas, que operaron a sus anchas a nivel nacional, en el pasado.
Aparte están también los operativos de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), que ejecuta operativos a diarios, logrando que durante el pasado año los dueños de negocios dejaran de pagar casi 50 millones de lempiras a grupos que se dedican a la extorsión.
Crimen
Honduras estuvo inmerso en la violencia y a expensas de la delincuencia y el crimen organizado, y la tasa de homicidios llegó casi a las 90 muertes por cada 100,000 habitantes.
Entre las medidas que han permitido conseguir mejores niveles de seguridad, el gobierno siempre hace hincapié en las extradiciones, una política que se observó en Colombia y que en Honduras ha dado resultados muy favorables.
Del mismo modo, la lucha contra el narcotráfico y la construcción del nuevo sistema penitenciario, que ha permitido que los privados de libertad no sigan cometiendo delitos desde el interior de las cárceles, como había venido sucediendo todos estos años.
Menciona además la Tasa de Seguridad como otra medida que ha permitido alcanzar los resultados esperados, porque ha generado importantes recursos para el Estado, que se han utilizado no solo en el combate a la delincuencia, sino también en temas como la prevención.
Reducción de homicidios
El viceministro de Seguridad, Luis Suazo, explico que “hoy, a punto de finalizar el período de Gobierno, las cifras con que cierra el índice de homicidios por cada 100,000 mil habitantes en 2017 resume la palabra cumplida del Presidente: se redujo en cuatro años a la mitad, de 85.5 en diciembre de 2013 a un 42.68 al presente”.
“Estos logros han sido posibles fundamentalmente por tres aspectos” , según Suazo y entre ellos esta : 1.- El liderazgo, voluntad política 2.- El diseño y puesta en marcha del Plan Morazán, con una visión sectorial compartida y ejecución coordinada y, 3.- El financiamiento que provino de la Tasa de Seguridad Poblacional y alineamiento del presupuesto nacional para entrenamiento, equipamiento y logística de las fuerzas del orden.
“Lo anterior, continuó Suazo, fue un esfuerzo integral que se apoyó en reformas constitucionales y legales, creación de nueva institucionalidad y la dedicación y compromiso de los miembros de todas las instituciones del sector”.-
El también secretario técnico de Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa recordó que ya a mediados de año el general John Kelly, para entonces secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos y ahora jefe de Gabinete de la Casa Blanca, había calificado como “milagro” haber reducido la “violencia devastadora” en Honduras.
Agregó que también el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en marzo anterior reconoció el “importante progreso” de Honduras en la lucha contra el crimen violento y la corrupción, así como el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
Por otro lado, refirió Suazo que Insight Crime, una fundación privada dedicada al estudio de la seguridad en Latinoamérica y el Caribe, en noviembre pasado publicó un extenso artículo titulado “Siete claves para entender cómo Honduras ha logrado disminuir la tasa de homicidios”, en el que describe los esfuerzos que para ellos han sido los principales para revertir la violencia de forma tan significativa y en tan poco tiempo.
En su recuento de reconocimiento de logros, el viceministro Suazo lista otros como los de CID Gallup, que calificó a Honduras como el país latinoamericano con el mejor puntaje en el Índice Global de Ley y Orden.
“Lo importante de este registro -dijo- es que está basado en la consulta a nuestros propios ciudadanos, quienes son para los cuales trabajamos y con quienes el presidente Hernández se comprometió”.
Siguió refiriendo que, de las preguntas más importantes en la consulta, fueron sobre “la confianza en la Policía” y sobre si “se siente seguro caminando de noche por sus calles”.
Y por supuesto las mejoras en el Índice Global de Paz que construye Visión para la Humanidad, organización que fue la primera en publicar que Honduras era el país sin guerra más violento en el mundo, pero que en su reporte 2017 ubica a Honduras en la posición 106 entre los 163 países.
“Eso claramente nos muestra que estamos lejos ya de ser el país más violento del mundo”, concluyó el viceministro de Seguridad.
SPS
Con el cierre del Centro Penal de San Pedro Sula, a mediados del mes de octubre pasado, llegó a su fin una historia oscura marcada por asesinatos, crimen organizado, extorsiones y corrupción, entre otros. En su momento este presidio llegó a tener una población carcelaria superior a los 4,000 privados de libertad.
Los operativos para la movilización de los reos de este centro hacia otros penales se realizaron durante el 2017, lo que trajo consigo una reducción de más del 50% en los homicidios, y San Pedro Sula dejó de ser una de las ciudades más violentas del mundo, calificativo que se ganó y arrastró por años.
El gobierno ordenó que todos los cabecillas de maras y pandillas, así como los miembros del crimen organizado, fueran trasladados a las cárceles de máxima seguridad El Pozo I y El Pozo II, en Ilama (Santa Bárbara) y Morocelí (El Paraíso), respectivamente.
El 15 de marzo de 2017 se produjo la “Operación Arpía I”, en la cual se trasladó desde el centro penal sampedrano a 755 integrantes de la pandilla 18 y la mara MS-13 hacia El Pozo I, en donde conocieron lo que significa estar recluido, cumpliendo una condena.
Esta operación fue considerada como la más riesgosa a nivel de América Latina, porque ha sido el mayor traslado de privados de libertad de alta peligrosidad, todos miembros de maras y pandillas, así como integrantes de criminalidad organizada.
Todas las operaciones fueron coordinadas con precisión milimétrica y enormes capacidades adquiridas por la Policía Militar de Orden Público (PMOP) y las demás agencias de seguridad del Estado.
Tegucigalpa
La ciudad capital también logró reducir en más del 50% sus niveles de homicidios, y en este caso, según el viceministro de Seguridad, fue producto de los constantes operativos en barrios y colonias, la detención de cabecillas de las maras y pandillas, y la desarticulación de grupos del crimen organizado relacionados a la extorsión.
Explico que en el Distrito Central, en el 2016 se reportaron 82 homicidios por cada 100,000 personas, pero el 2017 se cerró con 47 homicidios por cada 100,000.
Suazo reiteró que estas cifras demuestran que tanto Tegucigalpa como San Pedro Sula no son de las ciudades más violentas del mundo, ni de América Latina, tal como lo quieren hacer ver algunas organizaciones extranjeras que mantienen una campaña en contra de nuestro país.
“Estas empresas internacionales, que dicen llevar las estadísticas de homicidios a nivel mundial, en el caso de Honduras y sus principales ciudades siguen usando datos y cifras de años anteriores, por lo que no son serias, y no sabemos cuál es la razón para que no usen los datos actualizados de la Secretaría de Seguridad y del Observatorio de la Violencia” de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, señaló.
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