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WASHINGTON. Los alcaldes de 32 de las principales ciudades de Estados Unidos solicitaron hoy al Gobierno de Donald Trump que prorrogue el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los miles de hondureños y nicaragüenses que actualmente viven en el país y cuyos permisos expirarán en poco más de dos meses.
El TPS para Honduras y Nicaragua finaliza el próximo 5 de enero, por lo que la decisión sobre su prorroga debe producirse antes del 6 de noviembre.
En una misiva dirigida al secretario del Departamento de Estado, Rex Tillerson, y firmada por algunos de los prefectos más importantes del país, como Bill de Blasio (Nueva York) o Tomas Regalado (Miami), los alcaldes instan al funcionario a extender el programa para los ciudadanos de Honduras y Nicaragua.
La necesidad de prorrogar su estatus, afirman los alcaldes, responde al hecho de que ambos países han hecho frente en los últimos años a “sucesivos desastres naturales” que han empeorado la situación económica y agravado la crisis sanitaria.
Por este motivo, señalan, expulsar a hondureños y nicaragüenses de territorio estadounidense para mandarles de vuelta a casa supondría enviarles a un “peligro” seguro.
Alcaldes defienden el TPS
Desde un punto de vista más pragmático, los alcaldes defendieron que expulsar a los cerca de 57.000 hondureños y 2.550 nicaragüenses que residen en el país privaría a Estados Unidos de una mano de obra “muy trabajadora”.
“Además, separaría de manera innecesaria a padres y madres de sus hijos nacidos en Estados Unidos y expondría a estas familias a condiciones inestables e inseguras en países que no pueden acogerlos”, apuntan.
Esta iniciativa se une a la adoptada por numerosos líderes religiosos, tanto católicos como judíos, que el miércoles pidieron al presidente Trump que prorrogue el TPS de nacionales de Honduras, El Salvador y Nicaragua.
El TPS es un estatus migratorio que el Gobierno de Estados Unidos ofrece a inmigrantes indocumentados que no pueden regresar a su país debido a desastres naturales o conflictos civiles.
Ese estatus no abre ninguna vía para la residencia permanente ni ningún otro estatus de regulación migratoria, por lo que si el Gobierno de Estados Unidos decide no prorrogarlo, sus beneficiarios tendrían que volver a su país de origen o se convertirían en inmigrantes indocumentados y podrían ser deportados.
Vía: EFE
