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La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dictado prisión incondicional para los ocho exconsejeros de la Generalitat de Cataluña, incluido el vicepresidente, Oriol Junqueras, que este jueves han declarado en la Audiencia Nacional, acusados de rebelión, sedición y malversación. En el caso de Santi Vila, exconsejero de Empresa, se ha dictado prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros.
Así, el exvicepresidente Oriol Junqueras, Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Josep Rull (Territorio), Carles Mundó (Justicia), Meritxell Borràs (Gobernación), Joaquim Forn (Interior) y Dolors Bassa (Trabajo) serán trasladados de inmediato a prisión. Borràs y Bassa ingresarán en Alcalá de Henares. Turull y Romeva, a Valdemoro; Rull a Navalcarnero; Forn y Junqueras a Estremera; y Mundó y Vila a Aranjuez.
Entre los argumentos para justificar su decisión, la juez tiene en cuenta para el riesgo de fuga el alto poder adquisitivo de los imputados y el hecho de que otros imputados han salido al extranjero eludiendo la acción de la justicia, en clara referencia al expresidente Carles Puigdemont y a los exconsejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig.
“La acción de los querellados fue meditada y perfectamente preparada y organizada, reiterando durante más de dos años el incumplimiento sistemático de las resoluciones del Tribunal Constitucional en pro de la independencia”, señala el auto de prisión de la juez Lamela. Para justificar el riesgo de fuga, los consejeros, según el auto, han actuado “dentro de un grupo perfectamente organizado de personas, apoyados por asociaciones soberanistas con poder y capacidad para auxiliarles en su posible huida de la justicia”.
La juez también considera el riesgo de que destruyan pruebas “teniendo en cuenta los cargos que han ostentado hasta hace tan solo unos días en las principales instituciones del Govern”. Por último, sobre la posibilidad de que vuelvan a delinquir, Lamela subraya que los presuntos delitos “se han venido planificando y realizando de forma consciente por los querellados durante más de dos años”. Todos ellos, sigue la juez, “reincidieron constantemente en actuaciones contrarias a las resoluciones del Constitucional”. La juez también cita, para analizar el riesgo de fuga, “las elevadas penas que suponen los delitos de rebelión (25 años), sedición (15 años) y malversación (de ocho a diez años)”.
Los imputados, según la juez, para conseguir la independencia de Cataluña “se valieron de la población alentando actos de insurrección pública, de desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado, ocupando al efecto carreteras, calles o edificios públicos y sometiendo a los agentes de la autoridad a un incesante acoso”.
Para sustentar la imputación por malversación, la magistrada afirma que los querellados “han hecho posible la realización de pagos para llevar a cabo un acto no ya contrario a Derecho, sino constitutivo de delito en tanto vulnerador de la declaración de inconstitucional acordada por el Tribunal Constitucional”.
Mención a los Mossos
La magistrada hace una mención específica a la actuación de los Mossos durante la jornada del referéndum. “En la gran mayoría de los casos, la actitud mostrada por los Mossos d’Esquadra fue pasiva, manteniéndose al margen de cualquier actuación desarrollada por la Guardia Civil, evitando intervenir incluso en los casos en los que miembros de la Guardia Civil eran agredidos”. La magistrada señala que incluso en algunos casos las agentes de la policía autonómica “llegaron a increpar e incluso enfrentarse a alguno de los agentes de la Guardia Civil que en el ejercicio de sus funciones se encontraban en el lugar”.
La magistrada asume las tesis, e incluso los términos, de la querella de la Fiscalía cuando señala que la declaración de independencia “llevaba anudada la asunción en exclusiva del mando sobre los Mossos, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto intimidatorio” que estos representaban. Y recuerda que los querellados barajaron la posibilidad de otorgar a la policía autonómica funciones de seguridad externa y/o defensa.
Los agentes bajo el mando del cesado Josep Lluís Trapero “llegaron a espiar las acciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional alertando a los congregados en los colegios de que las citadas fuerzas del orden se dirigían hacia determinados lugares”.
“Serenidad” de los imputados
El abogado de parte de los exmiembros del Govern, Jaume Alonso-Cuevillas, ha asegurado que sus clientes han reaccionado con “serenidad” la decisión de la juez: “Mis clientes están muy serenos y hacen un llamamiento a la calma, que no se produzca ningún episodio violento”, ha dicho al salir de la Audiencia.
En el auto, la juez menciona tanto el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre como la declaración de independencia del Parlament del pasado día 27, aunque consideran que los hechos se remontan a 2015, cuando se aprobó la resolución que dio inicio al proceso independentista. En este punto, la magistrada destaca la relevancia del documento denominado EnfoCATs, que fue incautado en el departamento de Economía de la Generalitat cuyo último máximo responsable era Junqueras. “Este documento, en la práctica, se corresponde perfectamente con todos los pasos ejecutados por el Gobierno de la Generalitat durante los más de dos años transcurridos, incluida la declaración unilateral de independencia (DUI)”.
El documento EnfoCATs, la hoja de ruta soberanista, según la magistrada “contemplaba (…) una única y exclusiva alternativa para Cataluña: su independencia y la configuración como un Estado propio separado de España” siendo un elemento “necesario” para su consecución “la celebración de un referéndum, al margen de la validez del mismo”.
El auto subraya el papel fundamental de las asociaciones independentistas, la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. La juez recuerda que algunos de los consejeros son miembros de estas asociaciones. En concreto, los exconsejeros Ponsatí (Educación) y Forn (Interior) son socios de la ANC, mientras que Romeva (Exteriores), Turull (Presidencia) y Bassa (Trabajo), pertenecen a Òmnium.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional había pedido prisión incondicional para ocho de los nueve miembros del Govern imputados. Vila, que dimitió antes de que el Parlament votará la declaración de independencia, ha sido el único exconsejero que ha respondido ante la juez a las preguntas de todas las partes y el único para el que la fiscalía no ha pedido prisión incondicional.
Los exconsejeros acusados de rebelión en la Audiencia Nacional se han negado a responder a las preguntas de los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira, según han señalado fuentes presentes en la diligencia. El único en contestar al ministerio público ha sido el exconsejero y posible candidato del PDeCAT Santiago Vila, que ha declarado durante unos 45 minutos.
Pasadas las 9.50, han comenzado las declaraciones ante la juez Carmen Lamela. El primero en hacerlo ha sido el exconsejero de Presidencia Jordi Turull y luego ha iniciado su comparecencia el exconsejero de Territorio Josep Rull, tras el que lo han hecho Santi Vila (Empresa), Meritxell Borràs (Gobernación), Joaquim Forn (Interior), el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia) y Dolors Bassa (Trabajo).
Quienes no han acudido este martes a la Audiencia Nacional son el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros. Lluís Puig (exresponsable de Cultura), Antoni Comín (Salud), Meritxell Serret (Ganadería, Pesca y Alimentación) y Clara Ponsatí (Educación), después de que este miércoles por la noche anunciaran que permanecerían en Bélgica y no volverían a España para comparecer ante los tribunales.
La incomparecencia de Puigdemont y de cuatro exconsejeros obedece, según señalaron anoche en un comunicado firmado por el “gobierno legítimo de Cataluña”, a que consideran ambas actuaciones penales un juicio político “efectuado al dictado del Gobierno del Estado español”. Añadían que parte de los exconsejeros comparecerían ante la jueza Carmen Lamela “como denuncia de la falta de garantías del sistema judicial español y de su voluntad de perseguir ideas políticas”, mientras que el resto permanecerá en Bruselas para hacer llegar su queja a las instituciones europeas.
El abogado de Serret y de Comín, Gonzalo Boyé, sí ha acudido a la Audiencia Nacional para solicitar estar presente en las declaraciones, que se hacen bajo secreto, pero le han comunicado que, en todo caso, lo debe hacer por escrito.
La Fiscalía presentó una querella contra todos los miembros del Govern, todos cesados, por los delitos de rebelión sedición y malversación de caudales públicos relacionados con el desarrollo del denominado ‘procés’ y la declaración unilateral de independencia de Cataluña.
(Fuente: El País – España)
