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El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, planteó que el desarrollo sostenible y la seguridad humana, son soluciones duraderas al desplazamiento forzado, refugiados y la migración irregular.
Indicó que el desarrollo sostenible, en la actualidad, está orientado a crear condiciones de vida digna para todas las personas con atención especial a las más vulnerables y se interrelaciona y refuerza con la seguridad humana, que contribuye a su efectividad.
Agregó que la seguridad humana posibilita, a los Estados, determinar y resolver los problemas generalizados e intersectoriales que ponen en riesgo de supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad de los habitantes.
Recordó que desde el año 2012 hay un entendimiento universal sobre la seguridad humana y, que desde el 2015, hay otro sobre la base y orientación humana del desarrollo sostenible, lo cual se refleja en el Plan de Acción de las Naciones Unidas (Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible) vigente desde el 2016.
En este sentido y con énfasis en el encuentro de soluciones duraderas, se plantea que los desplazamientos forzados internos, la migración irregular y los refugiados, es obligación de los Estados prevenirlas, señaló.
Además, los Estado tienen la obligación de proteger a las personas y cuando se requiera, de recibir y de reincorporar dignamente a las personas que retornan a sus países de origen.
Según Herrera Cáceres, las personas que se ven forzadas a desplazarse internamente, a migrar irregularmente o a buscar refugio lo hacen para satisfacer sus necesidades básicas y contar con seguridad y posibilidades de progreso personal y familiar, participando en el crecimiento económico inclusivo y desarrollo sostenible de los países.
Resalto que el papel del ombudsman del país de origen, tránsito y destino de los migrantes es velar porque su Estado cumpla sus responsabilidades.
Como Comisionado Nacional de los Derechos Humanos buscamos apoyar al Estado de Honduras en la aplicación del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), declaró.
El MIRPS representará una contribución de la región al desarrollo del Pacto Mundial sobre Refugiados, que será considerado para la adopción en la 73ª Asamblea General de la ONU, en 2018.
En mayo de 2017 los integrantes del Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos (CCPD) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos suscribieron una “Carta de compromisos para la elaboración e implementación de una estrategia conjunta de abordaje de la realidad migratoria, con acciones de protección a favor de las personas desplazadas en tránsito, refugiados y retornados”.
Esa estrategia contiene, como mínimo, realizar acciones de investigación, monitoreo y verificación de la realidad migratoria y sus efectos en los derechos humanos.
Además, evaluar las políticas, programas, normas, funcionamiento institucional, y presupuestos designados en los países de la región para atender las necesidades de protección de migrantes, desplazados, retornados y refugiados.
Se tiene previsto elaborar resoluciones e informes sobre la realidad migratoria y la búsqueda de eventuales soluciones duraderas o reparaciones para la prevención de violaciones a derechos humanos.
Así mismo, recomendar medidas para la prevención de los fenómenos migratorios masivos, así también, establecer medidas que permitan la atención a las violaciones a los derechos humanos de los migrantes en países de tránsito y destino, así como para los migrantes retornados y personas refugiadas;
Otra de las acciones es implementar campañas de información sobre los mecanismos de protección, y el ejercicio de los derechos humanos de las personas migrantes en los países de origen, tránsito y destino.
Además, ejercer acciones de acompañamiento humanitario, psicosocial y jurídico a víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, en los países de origen, tránsito y destino, principalmente a personas en condición de especial vulnerabilidad y solicitantes de asilo y refugiados.
Se tiene previsto, propiciar mecanismos de seguimiento y de medición de resultados de las acciones conjuntas realizadas.
En el ámbito de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), también se suscribió, en mayo pasado, el Protocolo de actuación para la protección de los Derechos Humanos de las personas en contexto de migración.
Datos oficiales estiman que entre el 2004 y el 2014 unos 174,000 hondureños o alrededor de 41,000 hogares de 20 municipios del país se vieron en la obligación de desplazarse forzosamente de sus lugares de origen hacia otras zonas del país o hacia el extranjero.
Registros de la Unidad de Desplazamiento Forzado del CONADEH establecen que solo en el 2016, fueron identificadas 757 quejas relacionadas a situación de riesgo o desplazamiento, siendo las principales causas las amenazas a muerte, muerte de algún miembro de la familia, las extorsiones, tentativas de homicidio y el reclutamiento forzado de niños y adolescentes por parte de las maras.
