El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha abierto la puerta a las deportaciones masivas.
Las nuevas directrices del departamento de Seguridad Nacional, publicadas este martes, entierran el legado de Barack Obama.
Mismas que amplían el espectro de la persecución a casi todos los sin papeles.
No se trata solo de que los funcionarios incrementen sus competencias o de la contratación de 15.000 nuevos agentes.
El núcleo de la ofensiva migratoria radica en la posibilidad de aplicar las expulsiones inmediatas. Que prácticamente son todos aquellos indocumentados que lleven menos de tres años en el país. El giro es radical.
El país que se hizo grande con la emigración le da la espalda ahora a más de 11 millones de inmigrantes irregulares. La mitad de ellos son mexicanos.
Hasta la fecha los agentes tenían como objetivo prioritario la captura de todos los que hubiesen cometido un delito grave. Con las nuevas directrices, este foco queda pulverizado y las excepciones se “limitan extremadamente” .
“Todos aquellos que violen las leyes de inmigración pueden ser sujetos de los nuevos procedimientos”.
“Incluyendo la expulsión de Estados Unidos”, establece la directriz.
Indocumentados en la mira
Bajo esta premisa, el sistema se vuelve coercitivo en todas sus fases. Los indocumentados estarán permanentemente en el punto de mira.
Por lo que será más fácil su captura e incluso se les restringirá la puesta en libertad provisional tras su detención.
“Esta medida será usada excepcionalmente y solo en los casos donde, después de un atento estudio de las circunstancias”.
“A lo que se considere necesaria por razones humanitarias o por un significativo beneficio público”, reza la orden.
Lejos de agotar las posibilidades del sistema legal, el objetivo del nuevo plan es devolver a los sin papeles lo antes posible a sus países de origen. Para ello, se rompen los candados que frenaban el proceso de expulsión inmediata.
Esta modalidad se aplicaba hasta la fecha a los inmigrantes que hubiesen pasado menos de dos semanas en el país y estuviesen a no más de 160 kilómetros de la divisoria.
Con la nueva directriz, se anulan los límites geográficos y se extiende la posibilidad de su aplicación a todos aquellos que lleven hasta dos años en territorio estadounidense.
La excepción serán los menores, los peticionarios de asilo y quienes pueden demostrar la legalidad de su estatus migratorio.
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