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Por lo menos 200 defensores del medio ambiente fueron asesinados en el 2016 cuando protegían bosques, tierras y ríos de empresas mineras y agrícolas, la cifra más alta hasta la fecha, denunció el jueves un grupo del sector.
Los homicidios se triplicaron en la India pero en Latinoamérica fue la región más mortífera con un 60% del total, aseveró Global Witness, grupo con sede en Londres.
Las muertes, que fueron 185 en el año previo, se reportaron en 24 países comparado con 16 en el 2015.
“El hecho de que la cifra de ambientalistas asesinados sigue aumentando es indicio de que los gobiernos y las corporaciones siguen dándole más prioridad a las ganancias a corto plazo en vez de a las vidas humanas”, dijo a The Associated Press Billy Kyte, activista de Global Witness.
La mayoría de las muertes ocurrieron en los sectores de minería, petróleo y madera. Kyte dijo que esas empresas están invadiendo cada vez más zonas vírgenes, acechando a tribus indígenas, entre las cuales estaba el 40% de las víctimas.
Per cápita, fue Honduras el país más mortífero al ser escenario de 14 de las muertes. Entre las víctimas está Berta Cáceres, ganadora del Premio Ambientalista Goldman por su resistencia a un proyecto para construir una represa en tierras ancestrales de su tribu, los lenca. Fue asesinada en marzo del 2016 por hombres armados que invadieron su hogar. Otros dos miembros de su organización Copinh también fueron asesinados el año pasado.
La semana pasada, dos bancos europeos anunciaron que retiraban su apoyo financiero al proyecto al que oponía Cáceres.
Cuarenta y nueve activistas fueron asesinados en Brasil y 37 en Colombia, las dos cifras más altas por país. Les seguían Filipinas con 28 y la India con 16. En la India, aumentó drásticamente la brutalidad policial contra protestas pacíficas, dice el reporte.
En África, los más amenazados son aquellos que protegen los parques nacionales, pues se enfrentan cotidianamente a los cazadores ilegales.
Muchos activistas, incluso en Estados Unidos, son tachados de criminales, y enfrentan procesos judiciales fraudulentos o demandas civiles presentadas por gobiernos o corporaciones.
Según los datos recabados, es probable que el 2017 sea peor, vaticinó Kyte.
“Creo que estos ataques se están volviendo más descarados”, dijo Kyte, lamentando “esta colusión entre gobiernos y corporaciones para silenciar el disenso ante estas industrias tan destructivas”.
