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El integrante de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, Omar Rivera, aseguró que luego de un profundo análisis se determinó que era necesario avanzar en el proceso de rediseño y consolidación de una efectiva Dirección de Asesoría Legal de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad que prestará los servicios de apoyo técnico jurídico a los diferentes organismos policiales y dependencias de esa entidad ministerial.
“Pudimos constatar que existía dispersión, ineficiencia y falta de armonización en las innumerables y poco articuladas unidades que brindaban asesoría, procuración, representación y conciliación legal en la Policía Nacional; además, existían varias denominaciones de puestos, salarios diferenciados, responsabilidades disímiles y una enorme anarquía en la dirección, supervisión y evaluación del desempeño de estos profesionales del derecho, razón por la cual se tuvo que implementar una radical reingeniería institucional” dijo Rivera.
El dirigente de sociedad civil expresó que “aquí nadie está cazando brujas o haciendo barridas; en la Comisión Especial le estamos apostando a rediseñar la Dirección de Asesoría Legal de la Secretaría de Seguridad que sustituirá a las unidades de apoyo jurídico que mal funcionaban en la Policía Nacional tal cual sucede en todas los ministerios de línea en el marco de las disposiciones de la Ley General de Administración Pública; se elimina la estructura en la Policia y se constituye un renovado andamiaje en la Secretaría”.
Cancelaciones
“Automáticamente los profesionales del derecho que laboraban en la vieja estructura policial tendrán que ser cancelados y se deberá iniciarse un proceso de rigurosa selección del nuevo personal para la Dirección de Asesoría Legal en la Secretaría de Seguridad; pretendemos que esos nuevos empleados sean contratados mediante concurso a finde darle privilegio a los méritos, capacidades, competencias e idoneidad” exteriorizó el depurador.
Finalmente, Omar Rivera, quién es también coordinador de incidencia y advocacy de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), manifestó que “algunos de estos abogados que conformaban parte de la estructura policial fueron denunciados de haber cometido actos ilícitos y toda la información respectiva fue remitida al Ministerio Público (MP), para que valorara los insumos y procediera de acuerdo a ley”.
