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El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) aprobó una moción que prohíbe negociar arreglos administrativos y extrajudiciales bajo presión.
La propuesta fue hecha por la rectora Julieta castellanos, en su condición de presidenta del máximo órgano de dirección de la UNAH, y aprobado por unanimidad de votos durante.
Este lunes 3 de julio se cumple el sexto día de la huelga de hambre de los miembros del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) para exigir la renuncia de la rectora.
“La Universidad no puede desistir de las acciones penales ni administrativas cuando un miembro de la comunidad universitaria comete una falta o delito. No puede negociar bajo presión de ningún sector, ni interno ni externo”, dijo Castellanos.
Resolución
La resolución fue tomada a fin de evitar que se repitan las acciones de 2016, cuando la UNAH acordó suspender los procesos penales en contra de un grupo estudiantes acusados por los delitos de usurpación y daños en contra de la institución, a cambio de que estos desistieran de la toma de los edificios a nivel nacional.
“Yo creo que, si en aquel momento aquellas acciones que habíamos tomado, que eran aleccionadoras, se hubiesen respetado, no estaríamos en la situación actual. Teniendo esas experiencias, da pena llegar al Ministerio Público y luego de un desalojo, pedir la suspensión del acto reclamado”, lamentó el director de la UNAH en el Valle de Sula (UNAH-VS), Santiago Herrera.
En ese sentido, Castellanos expresó, con base en las experiencias recientes, que “ningún organismo defensor de Derechos Humanos garantiza que estos jóvenes no van a volver a hacer lo mismo”, por lo que las autoridades universitarias deben actuar en apego a la Ley y aplicar las medidas disciplinarias y sancionadoras correspondientes.
“Estamos ante una situación de manipulación total de la opinión pública, la gente como que tiene una memoria extremadamente corta”, acotó Herrera.
Por su parte el director del Centro Universitario Regional del Centro (CURC), Óscar Meza Palma, fue del parecer que una sociedad o una organización que negocia las leyes, indudablemente va en un proceso de deterioro por las situaciones que se originan por estos procesos de pseudotolerancia cuando ya se está lindando de manera incisiva y reiterativa con los delitos.
