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La sección de estadísticas en la página web de la Campaña Brady es un golpe frío de realidad en el acalorado debate sobre las armas de fuego en Estados Unidos. Cada día de media 309 personas reciben disparos, 93 de ellas mueren. En un año, equivale a 114.994 personas, de las que 33.880 fallecen. Las cifras suponen una anomalía en el mundo desarrollado. Como también lo es el cálculo de que hay nueve armas por cada diez ciudadanos. Es la proporción más alta en el planeta.
Estos son los datos detrás de sucesos como el de este miércoles en Alexandria (Virginia), en que un hombre abrió fuego contra congresistas republicanos que jugaban al béisbol. Hubo cinco heridos, incluido el líder de la bancada conservadora en la Cámara de Representantes, Steve Scalise.
La Campaña Brady lleva el nombre de James Brady, que era el jefe de prensa y portavoz de Ronald Reagan cuando en 1981 él y el presidente recibieron un impacto de bala de un hombre. Reagan se recuperó pero Brady quedó postrado en una silla de ruedas. Se convirtió en un ferviente defensor de un mayor control de armas y logró que el Congreso aprobara en 1993 una ley, bautizada con su nombre, que endureció los requisitos. Desde entonces, se han denegado tres millones de ventas.
El caso de Brady ilustra cómo el impacto de tiroteos es el único factor que desencadena reformas significativas en el acceso a pistolas y rifles en EE UU. La clave, sin embargo, es que solo ocurre con determinados tiroteos. La cultura de las armas, cuyo uso queda amparado por la Constitución, la presión de votantes y del lobby de los fabricantes lastra los intentos de reforma en el Capitolio. El último cambio legal significativo en todo el país es de 2007, cuando se amplió la prohibición de venta a personas con trastornos y delincuentes. Las mayores iniciativas en los últimos años las han impulsado los Estados.
En 2011 ya resultó herida por disparos una congresista, la demócrata Gabrielle Giffords. Desde entonces, sufre una discapacidad mental y encabeza una cruzada a favor de un mayor control a las armas, pero su caso no logró propiciar el consenso necesario entre los legisladores.
Tampoco lo propició la muerte en 2012 de 20 niños y 6 adultos en una escuela de Connecticut. Tras la matanza, el presidente Barack Obama propuso extender el control de antecedentes, prohibir los rifles de asalto y limitar el número de balas. No logró los votos suficientes en el Congreso. El día en que la votación fracasó, Obama leyó un comunicado en la Casa Blanca. A su lado estaba Giffords.
Es una incógnita el impacto que puede tener el tiroteo a Scalise en el Partido Republicano que en los últimos años se ha opuesto a endurecer los controles de venta. El derecho a portar armas es un principio sacrosanto para los conservadores. Y tras cada matanza, han defendido que haya más personas armadas para defenderse, no lo contrario.
A falta de esclarecerse los hechos, algunas informaciones apuntan a que el tirador de Alexandria utilizó un rifle semiautomático de estilo militar. Ese tipo de fusil fue el que empleó en junio de 2016 un simpatizante yihadista que mató a 49 personas en una discoteca de Orlando, en el peor tiroteo de la historia de EE UU. Entonces, resurgió el debate político sobre la prohibición a la venta de esos rifles, que se levantó en 2004. Un año después, nada ha cambiado.
(Fuente: El País)
