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Un total de 39 miembros del Parlamento Europeo instaron al Estado hondureño, encabezado por el Presidente Juan Orlando Hernández, a liberar a defensores de Guapinol que junto a Bertha Cáceres son los finalistas del Premio Sajarov 2020.
Los parlamentarios firman una carta publicada pocos días después de que seis miembros del Congreso de los Estados Unidos enviaran una misiva al Departamento de Estado de los EE.UU. instando a la acción en el caso Guapinol.
“Estamos especialmente preocupados por los miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, actualmente encarcelados: Porfirio Sorto Cedillo, José Avelino Cedillo, Orbin Naún Hernández, Kevin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Daniel Márquez y Jeremías Martínez Díaz”, establece la carta
Además del presidente Juan Orlando Hernández, la carta va para Ministro de Relaciones Exteriores, Lisandro Rosales Benegas, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta Pérez, el Fiscal General de Honduras, Oscar Fernando Chinchilla Banegas y el Secretario de Estado de Gobernabilidad, Justicia y Descentralización, Héctor Leonel Ayala Alvarenga
También para la Secretaria de Derechos Humanos, Karla Cueva, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, (CONADEH), Roberto Herrera y al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, NPM-CONAPREV.
“Nosotros, como miembros del Parlamento Europeo ya le enviamos una carta el 6 de abril de 2020 en la que expresamos nuestra más profunda preocupación por la situación de los defensores de los derechos humanos del Guapinol. Ahora los defensores de los derechos humanos han pasado más de un año en prisión preventiva sin ninguna justificación legal sólida y la criminalización contra ellos y contra la comunidad ha aumentado aún más”, agregó el documento.
El equipo jurídico de los defensores de los derechos humanos presentó el lunes 12 de octubre un recurso de amparo en respuesta a las resoluciones de la Corte de Apelación, que, aunque se emitieron en marzo, no fueron notificadas hasta agosto de 2020. Estas resoluciones violan el derecho al debido proceso.
Además, en septiembre, la Sala Constitucional admitió el amparo contra otra resolución de la Corte de Apelaciones sobre la aplicación ilegal de las medidas de detención preventiva, que había sido copiada y pegada de una resolución completamente distinta, lo que demuestra una vez más el carácter temerario y arbitrario de las decisiones y procedimientos judiciales en este caso. La Sala Constitucional aún no ha dictado su sentencia definitiva.
El Parlamento Europeo eligió a los finalistas para el Premio Sajarov 2020 a la Libertad de Pensamiento. Uno de ellos es el líder de la comunidad de Guapinol (y Berta Cáceres) en Honduras. Esto demuestra el alto interés del Parlamento Europeo por estar junto a los defensores de los derechos humanos y garantizar el debido proceso. Trágicamente, el 13 de octubre, uno de los líderes de la comunidad de Guapinol fue asesinado en su propia casa. Arnold Joaquín Morazán, fue uno de los 32 comunitarios criminalizados en el caso de Guapinol. También es el segundo de las 32 personas criminalizadas que han sido asesinadas.
Además, se nos ha informado de que patrullas militares y policiales, en promedio unas 50 personas de seguridad, han estado asediando a la comunidad de Guapinol en ausencia de un debido proceso y de una causa probable, incluidos objetivos de seguridad o policiales. Si bien se temía que algunos de los cinco líderes pudieran haber sido arrestados, lo que ocurrió fue el asesinato de otro miembro de la comunidad, como también informó la compañía minera.
También han recibido informes de diferentes organizaciones hondureñas e internacionales que señalan irregularidades en el proceso judicial contra los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres. Mientras continúa la impunidad en este caso, la organización que ella fundó, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), y la comunidad de Río Blanco, son sistemáticamente excluidos de participar en los procesos judiciales que los afectan. También son objeto de campañas de desprestigio y amenazas, por exigir una justicia integral.
En esta situación, y respetando plenamente la división de poderes y, por tanto, la soberanía de la justicia, exigimos urgentemente a las autoridades que garanticen el respeto de las normas constitucionales e internacionales consagradas en materia de prisión preventiva, así como las garantías internacionales de debido proceso y juicio justo. Además, quisiéramos subrayar que, de conformidad con la legislación nacional y las normas internacionales, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que las audiencias sean públicas y que sea posible la observación internacional; por lo tanto, le pedimos que se asegure de ello y nos informe cuando se celebren las futuras audiencias.
Esperamos que el Fiscal General de Honduras y la honorable Corte Suprema de Justicia tomen las medidas inmediatas necesarias y se pronuncien de acuerdo con las normas internacionales. Esto implica retirar los cargos contra los 32 defensores del agua y liberar a los defensores de los derechos humanos encarcelados – Porfirio Sorto Cedillo, José Avelino Cedillo, Orbin Naún Hernández, Kevin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ewer Alexander Cedillo, Daniel Márquez y Jeremías Martínez Díaz.
“Pedimos a las autoridades que tomen las medidas necesarias para proteger la integridad física y psicológica de la comunidad de Guapinol, de los líderes encarcelados, de COPINH y de la familia de Berta Cáceres. Además, pedimos a las autoridades competentes que lleven a cabo investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre los asesinatos de Arnoldo Joaquín Morazán, de los demás miembros de su comunidad y de todos los defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras”, concluyen los miembros del Parlamento Europeo.
