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El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, solicitó el apoyo de los medios de comunicación para exhortar y motivar a los abogados y abogadas que reúnan los requisitos y deseen participar en el proceso para aspirar a los cargos de Fiscal General y Fiscal Adjunto, a que presenten la documentación en los lugares definidos por la Junta Proponente.
“Estamos invitando y motivando para que las propuestas y las autopropuestas se hagan con el suficiente tiempo y tengamos la oportunidad de cumplir los plazos previstos para hacer las subsanaciones que se requieren”, declaró.
En la convocatoria hecha por la Junta Proponente, desde el pasado 10 de abril, se definió que tanto la ficha de inscripción como los documentos solicitados, deberán ser presentados en físico en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, en las Cortes de Apelaciones y en las oficinas departamentales del CONADEH, en horario de 8:00 am a 5:00 de la tarde.
Además, se estableció que los aspirantes que desean presentar su autopropuesta en digital la misma deberá ser enviada al correo electrónico: juntaproponente.hn@gmail.com.
En ambos casos, la fecha límite de recepción de carpetas de postulación fue señalada por la Junta Proponente para el próximo 30 de abril, lo que indica que apenas faltan ocho días para la culminación de esta etapa del proceso.
El ombudsman hondureño destacó la importancia del apoyo de los medios de comunicación, en toda la República, para que se promueva y se motive a los abogados y abogadas, que reúnan los requisitos, para que se autopropongan y sean parte del proceso.
Indicó que hay informes que algunos abogados y abogadas han mostrado interés y ya están reuniendo la documentación para presentarla en el transcurso de los días.
“No estamos desestimando la idea que haya falta de interés, las noticias que nos llegan de diferentes lugares es que, si hay interés pero que están en proceso de organización de la documentación”, precisó.
Agregó que, como Junta Proponente están interesados en que el mayor número de abogados y abogadas que reúnan los tres requisitos pueden presentar sus postulaciones.
Herrera Cáceres explicó que los tres requisitos esenciales que señalan las reglas internacionales y la practica internacional de selección, en este caso para el Fiscal General y Fiscal Adjunto y cualquier operador de justicia, es la probidad, la idoneidad y las mejores calificaciones para desempeñar el cargo.
Recurso interpuesto debe ser resuelto por los tribunales
En lo que respecta al recurso interpuesto durante la semana, el Defensor del Pueblo y miembro de la Junta Proponente, expresó que lo que se ha hecho con esa acción de nulidad es ejercer el derecho de acceso a la justicia.
“Cuando una persona tiene una duda sobre sus intereses que requieren ser protegidos tiene todo el derecho de acudir ante la justicia”, sostuvo.
Recordó que en la primera reunión de la Junta Proponente se examinó el recurso de inconstitucionalidad que fue resuelto a finales del año pasado por la Corte Suprema de Justicia.
En dicho recurso, los recurrentes invocaron que se estaba vulnerando el principio de igualdad jurídica de todas las organizaciones de la sociedad civil ya que la reforma del artículo del Ministerio Público señalaba directamente una organización con nombre y apellido para integrar la Junta Proponente.
En su criterio, la acción de nulidad que se presentó se hizo en función del derecho de acceso a la justicia y que ahora serán los tribunales que, en forma objetiva e imparcial, tienen que resolverlo.
El ombudsman hondureño exhortó a la población a darle seguimiento a este proceso de escogencia de los candidatos a Fiscal General y Fiscal Adjunto para asegurar la transparencia del mismo.
Reiteró que el CONADEH cumple una doble misión en este proceso, tanto como miembro de la Junta Proponente porque así lo dispuso el legislador, como en el cumplimiento de su misión, que es la de supervisar que todo marche bien y con transparencia
“Nosotros, estamos abogando siempre por la transparencia y la rectitud” puntualizó.
Actualmente los miembros del cuerpo colegiado trabajan en función de un Código de Ética, y un protocolo que tiene por objeto desarrollar el Reglamento de la Junta Proponente a fin de facilitar al aspirante a candidato su aplicación al proceso de selección.
