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La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional informó que se han pagado más de 700 millones de lempiras por concepto de prestaciones laborales y derechos adquiridos, a altos oficiales, agentes de escala básica y personal auxiliar que han sido cancelados.
La Comisión ha desarrollado en los últimos 16 meses de gestión grandes esfuerzos por implementar una profunda limpieza institucional y radical reingeniería que ha permitido alcanzar importantes logros y presenta enormes retos en la reforma del sistema de seguridad del país.
Luego que los integrantes de esta instancia depuradora fueran juramentados por el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, el 12 de abril del año 2016, en Casa Presidencial, se ha impulsado una agresiva profilaxis en los diferentes organismos de la Policía Nacional y se ha formulado una integral agenda de reformas institucionales.
Hace casi año y medio, el mandatario designó como miembros de la Comisión Especial al pastor Alberto Solórzano, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH); Omar Rivera, coordinador de incidencia política de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Capítulo de Transparencia Internacional en Honduras (TI); Vilma Morales, ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); y Julián Pacheco, Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, quien la preside.
La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional fue creada mediante el Decreto Legislativo 21-2016, aprobado por el Congreso Nacional de la República, el que fue publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 8 de abril, para redinamizar la estancada profilaxis y modernización de la Policía Nacional; el Decreto 21-2016 también declara emergencia nacional la depuración de la Policía Nacional y faculta a la Comisión, que durará un año, a separar a policías si no se reúnen los requisitos de idoneidad y confianza. Asimismo, el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Ejecutivo 29-2016, que le permite a la Comisión Especial y al Secretario de Seguridad, hacer una reestructuración en al andamiaje institucional de la Policía Nacional.
De acuerdo al decreto de emergencia aprobado por todas las facciones legislativas a inicios del mes de abril del presente año, la Comisión Especial en el proceso de depuración tiene las atribuciones 1) Determinar la idoneidad en el servicio como la confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo miembro de la carrera policial; 2) Implementar un mecanismo de seguimiento y supervisión de los procesos de los miembros de la Policía Nacional cancelados; 3) Remitir al Ministerio Público (MP) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), los expedientes de las personas canceladas por la supuesta comisión de un ilícito; y, 4) Rendir Informe cada 3 meses al Congreso Nacional, sobre los avances del proceso de depuración.
Del mismo modo, el Decreto Ejecutivo No. PCM-029-2016 del 11 de abril del 2016, aprobado por el Presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 12 de abril de 2016, autoriza a la Comisión Especial “para que proceda a la reestructuración inmediata de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, personal auxiliar y civil y de la Policía Nacional, ejecutando un proceso de reestructuración, cancelando los Acuerdos del Personal o de los miembros de la Carrera Policial conforme los requerimientos técnicos, profesionales y administrativos que requiera la Institución, así como de aquel miembro o personal que no cumpla con cualquiera de las condiciones establecidas en el Decreto Legislativo Número 21-2016, como en el presente Decreto”.
Recientemente, el Congreso Nacional de la República, mediante Decreto Legislativo 2-2017 del 22 de febrero de 2017, que fue publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 17 de marzo de 2017, extendió la vigencia de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, hasta el 20 de enero de 2018.
LOS NÚMEROS
Desde que fueron juramentados el 12 de abril del año 2016, la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, ha cancelado 4374 miembros de la Carrera Policial. De estos 4374 oficiales, agentes y personal auxiliar, cancelados, 3016 fueron por reestructuración, 425 por justa causa, 27 por cumplimiento de período de disponibilidad, 855 por retiro voluntario y 24 por discapacidad total y permanente, y 27 por muerte y/o retiro obligatorio.
Hasta la fecha, se han pagado más de 700 millones de lempiras por concepto de prestaciones laborales y derechos adquiridos, a altos oficiales, agentes de escala básica y personal auxiliar que han sido cancelados en los últimos 16 meses de implementación del proceso de emergencia de depuración policial.
La mayoría de los oficiales cancelados, fueron excluidos de la estructura policial por la vía de la figura de la reestructuración, en función de la nueva estructura orgánica aprobada por la Comisión Especial que eliminó muchas unidades y cargos dentro del andamiaje institucional de la Policía Nacional, que según el criterio de los depuradores no “impactaban positivamente, ni eran relevantes”. Según los miembros de la Comisión Especial, “cuando se cancela por reestructuración se deben indemnizar al policía cancelado, ya que no media causa justificada imputable al que se retira, sino que se excluye como consecuencia de un proceso de reingeniería en el cual ese agente u oficial no encaja; de acuerdo al último reporte suministrado por la Dirección Administrativa de la Secretaría de Seguridad, se han pagado en concepto de indemnizaciones, prestaciones laborales y derechos adquiridos, cerca de 500 millones de lempiras a los policías cancelados”.
DESAFÍOS
La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, ha diseñado una agenda integral de acciones que garantizarán la consolidación de la reforma de los diferentes organismos policiales; dicha agenda ha recibido el aval del Presidente de la República y de las autoridades de la Secretaria de Seguridad.
Sobresale como prioritario finalizar con la examinación de la idoneidad, confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad de integrantes de los diferentes organismos policiales, con especial atención a los que conforman la escala básica de la Policía Nacional; de la misma forma, culminar el proceso de ascensos al grado inmediato superior de los oficiales que hayan cumplido a cabalidad con sus requisitos de ley. Al respecto, se cumplirá la instrucción presidencial de proceder lo antes posible a lograr el apoyo de un ente externo especializado que pudiera certificar los procesos y el personal de los diferentes organismos policiales de acuerdo a estándares internacionales.
También, se propone blindar los cambios efectuados en el Instituto Tecnológico Policial (ITP) en La Paz y en la Academia de Investigación Criminal (AIC) en Comayagua, que han implicado una inversión mayor a 18 millones de dólares provenientes de empréstitos y donaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y el Gobierno de los Estados Unidos de América; como complemento a estos importantes avances se plantea transformar la Academia Nacional de Policía (ANAPO) y la Universidad Nacional de la Policía (UNP), modificando los planes de estudios, renovando sus cuerpos de docentes de docentes y mejorando la infraestructura, con la intención que los oficiales egresados de esos centros académicos tengan el mismo enfoque que los agentes de escala básica que están siendo formados en el ITP. Otra importante línea de trabajo esbozada tiene vínculo con el diseño de un integral Sistema de Capacitación Continua para todos los policías y oficiales en áreas estratégicas para a operatividad policial y la administración de los recursos.
Además, se plantea como fundamental consolidar procesos de reforma institucional, elevar el desempeño en los servicios que presta y ampliar la cobertura territorial de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) de acuerdo a modelos internacionales; utilizar de forma adecuada los dos nuevos Laboratorios de Criminalística en Tegucigalpa y San Pedro Sula, en los cuales se invertirán más de 12 millones de dólares en la construcción de obra gris y la dotación de moderno equipamiento; y generar una mejora en la coordinación, armonización y complementariedad con otras recién creadas agencias de investigación criminal y unidades inteligencia, como la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Público (MP) y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII).
Igualmente, se incide y colabora para que el Congreso Nacional de la República apruebe, tal cual sucedió con la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional, la Ley de la Carrera Policial y la Ley que regulará la empresas privadas de seguridad; desde la perspectiva de los miembros de la Comisión Especial la aprobación y puesta en vigencia de esas dos importantes legislaciones es fundamental para fortalecer los diferentes organismos policiales, darle sostenibilidad a la nueva estructura organizacional de la entidad, propiciar una profunda transformación del Sistema de Seguridad Pública en Honduras y establecer el régimen disciplinario adecuado, formalizar procedimientos que privilegien los méritos y el buen desempeño a la hora de otorgar ascensos y realizar nombramientos, y respetar los derechos y exigir los derechos que le corresponden a los integrantes de la Policía Nacional. Se incorpora como primordial tarea de corto plazo la redacción y aprobación de los reglamentos derivados de las leyes a ser promulgadas.
La modernización del marco jurídico policial implica la creación de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL), que sustituirá la fracasada Dirección de investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), que luego de 5 años de gestión y más de 200 millones de lempiras gastados, no llenó las expectativas generadas cuando fue creada; según los depuradores, si los legisladores aprueban esta idea, en el marco de la propuesta de cambios a la normativa legal aplicable a los diferentes organismos policiales, se podría dejar instaurado un nuevo Sistema de Investigación, Evaluación y Certificación de los miembros de la institución y en operaciones una dependencia desconcentrada de la Secretaría de Seguridad con autonomía técnica, administrativa y financiera, a cargo de investigar las faltas graves y muy graves en que incurran los miembros de la Secretaría y de la Policía Nacional.
Uno de los asuntos relevantes del trabajo de los comisionados depuradores en los próximos meses, es la ineludible e impostergable faena de identificar los nuevos líderes de la Policía Nacional; es un imperativo categórico empezar a ejecutar las acciones pertinentes para configurar la nueva cúpula policial, conformada por altos oficiales honestos, decentes, competentes y eficaces, que puedan darle sostenibilidad a los cambios derivados de la reforma policial que se está realizando. Identificar los nuevos “campeones” que le darán seguimiento a la implementación y sostenibilidad a las grandes transformaciones que se están generando en la Policía Nacional es un “quehacer cardinal” según los miembros de la Comisión Especial.
Otras líneas de acciones que se constituyen en retos y desafíos del proceso de reforma policial, son la consolidación de los procesos de transformación de la institucionalidad de la Policía Nacional en áreas claves como Administración, Finanzas, Recursos Humanos, Telemática, Legal y otras; la dotación a la Policía Nacional de todos las herramientas/instrumentos, equipamiento y recursos materiales, logísticos, tecnológicos, financieros y otros, necesarios para el cumplimiento de su mandato institucional; la creación de una Nueva Cultura Policial dando un viraje a la filosofía institucional con énfasis en el respeto a los Derechos Humanos, el enfoque comunitario, la evaluación continua, meritocracia, medición de gestión por resultados, la disciplina y la honradez y otros; la generación de un mayor alineamiento, continuidad y sostenibilidad del apoyo de la cooperación internacional; y la ampliación de espacios de participación ciudadana para la auditoría social y veeduría ciudadana.
Finalmente, pese a no ser responsabilidad directa de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, la misma dará seguimiento a los procesos de investigación criminal de los agentes y oficiales cancelados con indicios de haber cometido delitos y crímenes, especialmente a los que están incluidos en los 144 casos remitidos al MP que incluyen a 455 policías en la presunta ejecución de 28 diferentes delitos; el mejoramiento de la relación entre la Policía Nacional con la sociedad (ONGs, prensa, cooperación, etc.); el diseño campañas para dignificar a la nueva Policía Nacional y sus miembros, a fin de incrementar el prestigio y la confianza de la gente; y la formulación y realización de una política de transparencia y rendición de cuentas de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional.
