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El Ministerio Público de Honduras con el respaldo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) presentó hoy un requerimiento fiscal contra dos diputados por el presunto delito de falsificación de documentos públicos.
El requerimiento fue presentado contra los diputados Antonio Rivera, uno de los vicepresidentes del Parlamento hondureño, y Sara Ismela Medina, secretaria, indicó en un comunicado la MACCIH, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Ambos diputados habrían incurrido en la «falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública y delitos contra la forma de Gobierno en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras«, añade el comunicado.
El requerimiento fiscal es el resultado de diversa información y actuaciones hechas con posterioridad a otro presentado el 24 de mayo contra otros dos diputados, José Tomás Zambrano y Román Villeda, por haber aprobado «anómalamente la Ley de Presupuesto».
Con esa acción los diputados Zambrano y Villeda habrían «violentado la voluntad del pleno del Congreso con la finalidad de crear una ley que favorecería a diputados que estaban siendo procesados por el mal manejo de fondos públicos, así como a los que pudieran ser investigados a futuro por similares hechos».
Con el requerimiento de hoy el Ministerio Público «busca probar» que Antonio Rivera y Sara Ismela Medina, «en concierto de voluntades, también «aprobaron anómalamente la Ley de Presupuesto».
La MACCIH recordó que la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), del Ministerio Público, presentó en 2017 requerimiento fiscal por el caso «Red de Diputados» contra otros cinco congresistas por el delito de malversación de caudales públicos, relacionado al manejo de fondos sociales del legislativo.
Por este caso se presentó requerimiento contra los diputados Augusto Cruz Asencio, Héctor Padilla Hernández, Audelia Rodríguez, Dennys Antonio Sánchez y Eleazar Alexander Juárez.
Con una modificación a la Ley de Presupuesto se incluyeron disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno de diputados.
Eso produjo, según la MACCIH, «la imposibilidad de iniciar investigaciones contra los funcionarios que hubieren manejado fondos públicos, mientras no culmine la investigación administrativa del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en el plazo de tres años».
Los diputados acusados hoy habrían aprobado la Ley de Presupuesto con alteraciones sobre lo que después la secretaría del Congreso emitió una «fe de erratas» el 25 de enero de este año, publicada un día después en el Diario Oficial La Gaceta.
La MACCIH indicó que con la «fe de errata» se quiso «explicar que lo ocurrido fue producto de ‘un simple error’ y no de un presunto acto premeditado que, para ese momento, ya había provocado consecuencias jurídicas».
Pero resulta que la «fe de errata», según la MACCIH, sigue conteniendo modificaciones que no fueron leídas y aprobadas por el pleno del Congreso».
Ante esa situación, «el equipo integrado de investigación y persecución penal decidió la formulación del requerimiento fiscal por los delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de Gobierno».
«Esta acción conjunta demuestra una vez más el compromiso de la MACCIH-OEA para seguir impulsando la lucha anticorrupción a través de instituciones del Estado», indicó la misma fuente.
Además, subrayó que la MACCIH sigue trabajando en la investigación y tramitación de los casos que ya se han hecho públicos y en otros que tienen pendientes de presentar ante los órganos jurisdiccionales correspondientes.
Rivera y Medina indicaron hoy escuetamente que responderán con sus apoderados legales al requerimiento que se les ha hecho.
A continuación el comunicado de la MACCIH
El equipo Integrado de Investigación y Persecución Penal Público, compuesto por fiscales e investigadores de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP), con apoyo de expertos de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras de la Organización de los Estados Americanos (MACCIH-OEA) presentaron hoy ante la Corte Suprema de Justicia, un requerimiento fiscal contra los diputados: ANTONIO CESAR RIVERA CALLEJAS y SARA ISMELA MEDINA GALO, como presuntos responsables del delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS en perjuicio de LA FE PÚBLICA; y
DELITOS CONTRA LA FORMA DE GOBIERNO en perjuicio del LA SEGURIDAD
INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.
Este requerimiento fiscal es el resultado de diversa información y actuaciones realizadas con posterioridad al requerimiento presentado el 24 de mayo último contra los diputados del Congreso Nacional (CN), José Tomas Zambrano, y Román Villeda Aguilar; y busca probar que los requeridos Antonio Cesar Rivera Callejas y Sara Ismela Medina Galo, en concierto de voluntades, aprobaron anómalamente la Ley de Presupuesto, con lo cual habrían violentado la voluntad del pleno del Congreso, con la finalidad de crear una ley que favorecería a diputados que estaban siendo procesados por el mal manejo de fondos públicos, así como a los que pudieran ser investigados a futuro por similares hechos.
En el requerimiento presentado se destaca lo siguiente:
1. El caso denominado “Pacto de Impunidad”, se originó el 11 de diciembre del año 2017 cuando la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), con el apoyo de MACCIH-OEA, presentó Requerimiento Fiscal en el caso “Red de Diputados” contra los diputados al Congreso Nacional Augusto Domingo Cruz Asencio, Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez Rodríguez, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia y tres extraneus por el delito de Malversación de Caudales Públicos, relacionado al manejo de fondo sociales.
2. La audiencia inicial se encontraba en trámite ante el órgano jurisdiccional, cuando el 18 de enero del 2018 el Congreso Nacional modificó por adición la Ley de Presupuesto, aprobada en el Decreto Legislativo No. 141-2017 contentivo de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, del 19 de enero de 2018. En dicha modificación se incluyeron disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno de diputados y se produjo la imposibilidad de iniciar investigaciones contra los funcionarios que hubieren manejado fondos públicos, mientras no culmine la investigación administrativa del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en el plazo de tres años.
3. Al amparo de esa reforma, mediante la resolución de fecha 24 de enero de 2018 el órgano jurisdiccional decretó el archivo administrativo de la causa denominada “Red de Diputados”, argumentando que no se podía proseguir con el enjuiciamiento, debido a esta nueva exigencia de procedibilidad para delitos como los de Malversación de Caudales
Públicos.
4. El proyecto de ley, una vez aprobado por el Congreso Nacional, adoptó la forma de Decreto No.141-2017 y fue suscrito por los diputados Antonio Cesar Rivera Callejas y Sara Ismela Medina Galo, quienes lo autorizaron en condición de Presidente y Secretaria del Congreso Nacional. Esta autorización se realizó a pesar de contener dicha
reforma, una versión que no fue discutida, ni aprobada por el pleno del Congreso Nacional, tal y como se desprende de la lectura que le dio a la citada norma el diputado Román Villeda Aguilar en su momento.
5. Ante este hecho se produjeron diversas denuncias públicas, por lo que la Secretaría del Congreso Nacional emitió una Fe de Erratas el día 25 de enero de 2018, publicada el día 26 de enero en el Diario Oficial La Gaceta, pretendiendo explicar que lo ocurrido seríaproducto de “un simple error” y no de un presunto acto premeditado que, para ese momento, ya había provocado consecuencias jurídicas. Sin embargo, dicha “fe de erratas” sigue conteniendo modificaciones que no fueron leídas y aprobadas por el pleno del Congreso, por lo que el equipo integrado de investigación y persecución penal decidió la formulación del requerimiento fiscal por los delitos de Falsificación de Documentos, Abuso de Autoridad y Delitos contra la Forma de Gobierno.
Esta acción conjunta demuestra una vez más, el compromiso de la MACCIH-OEA para seguir impulsando la lucha anticorrupción a través de instituciones del Estado. La MACCIH-OEA sigue trabajando en la investigación y tramitación de los casos que ya se han hecho públicos y en otros que estamos pendientes de presentar ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, en estricto cumplimiento al mandato que nos confiere el Convenio suscrito el 19 de enero de 2016, entre el Gobierno de la Republica de Honduras y la Secretaría General de la OEA.
